Entrevistamos a Álex Escribano, portavoz de los vecinos afectados por la línea 7 de metro de Madrid
En 2007, y para cumplir con los 90 km de metro que prometió realizar en su legislatura, Esperanza Aguirre mandó prolongar la línea 7 de metro con 12 km de túnel: cuatro en Coslada y tres en San Fernando de Henares. La obra se inauguró con vítores y fiestas, y Aguirre fue reelegida con mayoría absoluta en las siguientes elecciones. Sin embargo, la construcción de la línea en un terreno que no estaba preparado para ello supuso el inicio del calvario para los vecinos de San Fernando de Henares: 15 calles afectadas, 250 viviendas que se hunden y decenas de familias en la calle. Álex Escribano es uno de los afectados por la línea 7.
“El proyecto original de metro iba hasta la estación del Jarama, pero durante el trazado –entre 2004 y 2006-, se estudió la posibilidad de unirlo con el flamante y recién inaugurado Hospital del Henares, lo que viene siendo una típica obra pública que se ejecuta de manera rápida cuando están las elecciones cerca. Y así, justo al final de la construcción, en 2007, se desvió el trazado original (recto) para poder unirlo con dos nuevas estaciones (curvas)”, explica Escribano.
¿Y cuál es el problema?, pregunto yo.
Que debajo del suelo donde querían taladrar, donde supuestamente iba a estar el túnel, había restos de rocas cáusticas, es decir, rocas que son solubles al agua y que ejercen de disolvente en caso de que esos materiales se encuentren con ella. Y en las capas superiores de San Fernando hay muchos acuíferos.
¿Esta realidad la conocía la Comunidad de Madrid?
Claro que sí. Esta obra electoralista se llevó a cabo obviando los distintos informes técnicos y geológicos. Pero ya estaba hecha y se inauguró el 7 de marzo de 2007 con una algarabía: paellas para miles de personas, conciertos y una performance de Esperanza Aguirre, que se subió a la cabina del conductor y cortó la cinta mientras que las casas de los vecinos estaban en peligro.
En los años 2008, 2009 y 2010, tres informes consecutivos -en tres años consecutivos- demostraron que el túnel, según ya estaba construido, ya estaba dañado. También el entorno, pues empezaron a salir las primeras grietas en los primeros edificios en el entorno del Jarama.
¿Cuáles fueron las consecuencias directas de esta apertura?
Entre 2008 y 2010 se empezaron a ver los primeros signos de los daños estructurales severos. Sobre todo en mi zona, la calle de Pablo Olavide, Rafael Alberti y La Presa. Yo recuerdo, estando en el instituto, de ver ya grietas en las que entraba medio cuerpo.
Pero no solo ha sido malo para nosotros o incluso para el municipio entero, pues los años han demostrado que está afectado en su totalidad, sino también malo para la Comunidad de Madrid y sus arcas públicas. El cambio de trazado supuso un aumento del presupuesto. Si no recuerdo bien, el metro estaba previsto que costara entre 160 y 180 millones, y pasó a 300 en cuestión de unos meses. Por no mencionar el dinero gastado en tapar el problema, los juicios, las indemnizaciones…
¿Qué solución os ofreció la Comunidad de Madrid?
Solución ninguna. Los vecinos afectados estuvieron denunciándolo a la Comunidad de Madrid desde el año 2008, luchando por intentar conseguir una respuesta, pero tanto la CAM como el ayuntamiento de San Fernando de Henares se desentendieron del asunto. Solo se consiguió avanzar en materia de negociaciones gracias a las asociaciones vecinales.
Se fundó la Plataforma de Afectados por la línea de metro 7b (que ya existía, pero estaba muerta), y desde el impulso de los afectados y algunas asociaciones como la del Jarama, se comenzó a trabajar para unificar la plataforma de nuevo y darle vida. Lo conseguimos, llamamos a distintos medios de comunicación, hablamos con los partidos políticos y estos llevaron el asunto a la Asamblea de Madrid de nuevo, por primera vez después de muchos años de parón. En 2019 obtuvimos una partida presupuestaria de 1,2 millones de euros para que arreglasen las casas. Esa dotación económica fue esencial no ya para los vecinos, sino porque políticamente la administración pública admitía tener responsabilidad en el daño causado, aunque no sobre papel.
Entonces, ¿esa ayuda sirvió para algo?
Sí, las casas se empezaron a reparar, pero, como puedes comprobar, no sirvió para absolutamente nada porque las casas que se repararon son las que se van a tirar. No escucharon nuestras reivindicaciones, que antes de las viviendas había que reparar el suelo, y fueron a lo práctico, a intentar aliviar tensiones.
El parche fue traumático. Nos echaron de nuestras casas para reparárnoslas y lo hicieron mal. Contrataron a una empresa que tenía un cupo económico para rehabilitar las viviendas, y si las reparaciones se salían, las casas se quedaban en mal estado. Para sintetizar: nos dieron las casas peor de lo que las dejamos y encima causaron desperfectos: en electrodomésticos, en distintos enseres personales… Una incompetencia absoluta por parte de la empresa contratada y por la Comunidad de Madrid.
¿Cuál es la situación actual?
El problema empeora enormemente desde antes del verano de 2021, hasta septiembre de ese mismo año. El 23 de septiembre se desalojan a los vecinos de la calle Presa con Rafael Alberti por riesgo de colapso inminente. Sin previo aviso, y a través de una notificación de media hoja (¡media hoja!), 24 familias tienen que irse corriendo de sus casas sin poder llevarse nada, ni la foto de sus padres, un poco de ropa y ya está.
Esto resultó un poco sorprendente para todos ya que, una semana antes de esa notificación, la CAM había enviado un informe técnico que decía que el edificio no se iba a caer ni tenia daños estructurales previos. Lo que hemos conocido posteriormente es que con ese riesgo de colapso la CAM tiene la exculpación suficiente para poder hacer un contrato de urgencia de medio millón de euros otorgado a un apartotel, una empresa subcontratada de Quique Sarasola. Allí se alojan los vecinos por 113€ por cabeza y noche durante los últimos siete meses, un auténtico despilfarro público que corre a cuenta de los impuestos de los madrileños.
¿Cuál fue la reacción de los vecinos ante esta situación?
En diciembre de 2021, el foco de la plataforma estaba puesto en las enmiendas parciales a los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Durante ese mes hacemos distintas publicaciones, aparecemos en diversas reuniones, se llaman a los medios de comunicación para que muestren el problema real de las familias que están viviendo en apartoteles…, y al final conseguimos que salga, una semana antes de las enmiendas, una Proposición No de Ley, un calco del famoso plan integral en el que llevamos insistiendo años y que es básicamente una planificación para todo el municipio con un presupuesto fijo anual, con una serie de características que puedan mejorar la atención de este problema -que es gravísimo y que no tiene precedentes en nuestra comunidad. Con ese Plan Integral podamos ir funcionando, no de forma improvisada y gastando gasto público sin ton ni son, sino de manera ordenada y más amable, teniendo en cuenta que se ha arruinado la vida a mucha gente.
La PNL se ha aprobó con la abstención del PP y con el voto a favor de Vox, pero a la semana siguiente el mismo partido vota en contra de las enmiendas parciales que dotaban presupuestariamente este plan integral. Así este se hunde.
Y así llegaron los nuevos desahucios, ¿no?
Sí. Parece ser que a partir de las movilizaciones se abre una línea de diálogo directamente con el consejero de transporte de la Comunidad de Madrid, el señor David Pérez García, y que las relaciones más o menos diplomáticas iban mejorando. Hay un cierto hilo de confianza con la administración hasta enero, cuando la CAM, sin avisarlo, desaloja la calle Presa impares, otra calle entera que tenía daños estructurales en sus viviendas. Se había prometido que estos vecinos serían evacuados de sus casas de una manera ordenada, para que no se repitiera lo sucedido con los de la Calle Alberti y los de Presa pares, pero nos encontramos con lo mismo.
Como la CAM tampoco tenía presupuesto para realojar estos vecinos y quería hacerlo a través de un contrato de urgencia, que no tuviera que pasar por los ojos de la oposición dentro de la Asamblea de Madrid, emplea la peor manera para trasladarlos. Se llama a los bomberos a las ocho menos diez, ya de noche, para que vean “cómo están las vallas de la obra puesta”. Entran, ven las grietas muy visibles de los edificios que todavía no estaban desalojados -porque estaban en proceso- y cogen y echan a la gente de sus casas: personas mayores, niños… y les dan 24 horas para volver a recoger lo que pudieran.
Con esto, la Comunidad de Madrid adjudica otra millonada a diversos apartoteles de la zona: pisos de 40 o 60 metros cuadrados en polígonos industriales a 8 o 10 km de San Fernando en los que no se puede vivir dignamente pues no tienen ni cocina ni lavadoras, y a donde no han podido llevar sus muebles ni sus pertenencias.
La situación es absolutamente dramática y el peso psicológico que ha tenido en los vecinos es muy duro.
Me imagino que las relaciones con la CAM, después de lo ocurrido, se volvieron a tensar.
Naturalmente, llevó a una desconfianza absoluta hacia el consejero.
El 21 de marzo serían desalojados los vecinos de la calle Olavide. Quiero preguntarte sobre las condiciones que acordó la Comunidad de Madrid para realojar a los nuevos los afectados.
En una reunión el día 18 de marzo con el consejero de transportes de la Comunidad de Madrid se nos explica que no quieren repetir el formato de apartotel. Esta vez se dice que quieren mejorar esas condiciones para que se puedan dar bien los alquileres. Nos iban a dar una ayuda económica para encontrar un piso como el nuestro, es decir, de 90/100 metros con garaje, piscina…, en un radio cercano a nuestras casas actuales (Coslada, Torrejón, Rivas, etc.). La gestión se iba a hacer a través de una empresa pública llamada Tragsa, una empresa de obras y servicios encargada de gestionar todo este asunto.
Es entonces cuando surgen las preguntas: ¿va a ser la empresa la que pague al arrendador o va a pagar al inquilino? porque si la respuesta es lo último, se crean una serie de problemas. ¿Cómo justifica un trabajador normal que gana 20.000€ al año un ingreso de, por lo bajo, 12.000€ a la hora de hacer la declaración de la renta? El consejero no tenía constancia en ese momento de esa complicación. Le preguntamos sobre la realización del pago y tampoco sabía esto, que tenía que estudiarlo, y lo mismo con los adelantos que piden las inmobiliarias para entrar a un piso y de los que no se hacía cargo la empresa.
El último asunto: el contrato de emergencia con la empresa Tragsa no garantiza el pago de los alquileres de los afectados hasta fin de obras y servicios -hasta que nos den una casa o no se nos caigan las nuestras-, sino hasta “fin de contrato o una situación extraordinaria”. Es decir, la CAM, con los contratos que tenemos ahora mismo -que son peores que los anteriores-, puede justificar que se ha quedado sin dinero y dejarnos, con perdón, con el culo al aire. Seríamos los vecinos los que tendríamos que apoquinar mil euros por lo bajo, ya que debido a los precios del alquiler actuales la suma sería mucho mayor, más los otros miles de euros de las penalizaciones. ¿Y quien puede hacer eso pagando a la vez una hipoteca y los gastos de dos casas?
Entonces, ¿cómo acabaron siendo los contratos?
Esos contratos llegaron el 29 de marzo a las 3 de la mañana, y lo que ponía era todo lo contrario a lo que nos habían prometido en la reunión del 28 de marzo en la que prometieron solucionar todas nuestras dudas: los contratos de alquiler los teníamos que hacer nosotros, teníamos que dar nosotros las nóminas, no nos prometían seguridad jurídica si se acababa el contrato de emergencia, tampoco seguridad ante Hacienda…
Mientras, la CAM empieza a emitir desde la consejería de transporte que los vecinos ya estamos realojados, que los vecinos ya tenemos todo solucionado y que la CAM se hace responsable de todo.
¿Dónde están viviendo las familias que se han tenido que marchar de sus casas?
Esta política desastrosa resultó en que los que se han podido ir de alquiler son aquellos que tienen familiares o amigos con pisos que les han perdonado esos adelantos y que no les penalizarán en caso de cese de contrato. Esto son 5 de 14
¿Y el resto? Hay 5 familias viviendo en apartoteles en polígonos industriales. De los cuatro que quedan, dos eran alquilados. Uno de los otros dos restantes posee otra casa en propiedad que mantenía alquilada a la que se puede trasladar, pero perdiendo el dinero de ese alquiler que la CAM no piensa abonar. El otro sigue viviendo en su casa a pesar del riesgo porque no se le ha encontrado ninguna alternativa habitacional que cubra sus necesidades (ambos están en ERTE y tienen mascotas).
Esta es la solución que nos ha dado la CAM desde septiembre hasta aquí, un auténtico desbarajuste y un auténtico disparate.
El pasado 11 de abril, David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad tachó las concentraciones de los afectados como de “utilización política”. ¿Qué opináis al respecto?
Mientras que nosotros metemos nuestras vidas en cajas, Pérez hace unas declaraciones bastante duras en la Ser diciendo que no sabe por qué nos quejamos si ya estamos todos perfectamente realojados. En el mismo día 11, publicó una notificación diciendo que en ese mismo momento todas las familias ya estaban desalojadas y viviendo en pisos de alquiler. Esto implica que el consejero no tiene ni idea de la realidad que se vive: nunca ha pisado el municipio y nunca se ha interesado por los vecinos realmente, porque lo que él sabe se lo cuentan 20 min antes de las reuniones y no lo contrasta con ningún vecino ni con nadie.
Por no mencionar el despilfarro económico que supone alargar este asunto.
Lo que se está haciendo es regalar mucho dinero a mucha gente amiga a coste de la vida de los vecinos y de las arcas de los madrileños. Es muy bestia que la CAM haga un contrato de medio millón de euros para alojar a 24 familias, cuando con menos de un tercio pueden ser alojados durante un año en viviendas de alquiler decentes. Se han gastado 38M de euros en tapar todos los problemas solo en nuestra calle ¡38M de euros! ¡Con ese dinero estábamos en chalets todos! El despilfarro económico es lo verdaderamente importante. ¿Cómo se le ofrece a un vecino una habitación de hotel por 2000 euros? si con esa cantidad se puede alquilar un piso en la Castellana.
Se trata de familias que han trabajado toda la vida para poder tener una vivienda digna, y de la que ahora se ven despojados mientras tienen que seguir pagando por ellas. Están endeudados. ¿Quién se va a hacer cargo de todo eso? ¿Y del sufrimiento psicológico? ¿Qué hubiera pasado si esto hubiese ocurrido dentro del cinturón de la M-30? ¿Alguien se cree que, si hace 14 años se amplía la línea 5 y se hunde Ventas, no hubiera pasado nada?
¿Cuál crees que es el futuro próximo para estos vecinos? ¿Crees que algún día se hará justicia?
Depende. Depende de los vecinos y del ayuntamiento. Si se mantienen unidos, hay posibilidades de tumbar a la CAM en esto. Pero, ojo, no va a ser tumbada de manera rápida o inmediata, por un giro repentino de los acontecimientos; se va a caer por desgaste, porque este problema le va a acompañar muchísimos años, muchísimos. Porque, recapitulo, son 15 calles afectadas, 250 viviendas actualmente que se hunden. No se está conociendo ni el 2% de lo que está pasando y hay 54 familias en la calle. Echa cuentas de las casas que quedan por desalojar, casi 200. No tiene sentido. Hay zonas públicas dañadas, nuevas zonas alejadas de lo que se pensaba que era el foco en las que se están dando las primeras señales de desperfectos, de “hilillos” en las paredes, caídas de pintura que en apenas 4 meses se transforman en fisuras de 2 cm. Eso es lo que está pasando en el municipio, y es muy grave. Y solamente se va a solucionar si seguimos adelante de esta manera.
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